Castilla y León coordinará el grupo de trabajo sobre despoblación y envejecimiento de la población de los parlamentos regionales de Europa

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Los Parlamentos regionales de la Unión Europea han acordado crear un novedoso grupo de trabajo que analice y estudie la despoblación y el envejecimiento de Europa y que estará coordinado por la presidenta de las Cortes de Castilla y León, Silvia Clemente.

Castilla y León, como ha destacado la presidenta, cuenta con una amplia extensión territorial con poca población -26,2 habitantes por km2, casi cuatro veces más baja que la media de la Unión Europea- y tiene además un alto grado de envejecimiento –el 25% de la población de la Comunidad es mayor de 64 años-. Unas características que, según Silvia Clemente, ponen de manifiesto la idoneidad de que Castilla y León coordine este grupo de trabajo europeo de nueva creación.

Precisamente fue la presidenta de las Cortes quien propuso la creación de este grupo de trabajo en la reunión de los parlamentos autonómicos de España, la COPREPA, celebrada el pasado mes de octubre en Toledo.

La presidenta de las Cortes al ser la coordinadora de este grupo de trabajo participará en las reuniones del comité permanente de la Conferencia de Asambleas Legislativas Regionales Europeas, CALRE.

El reto de toda Europa

La presidenta de las Cortes, Silvia Clemente, ha asegurado que la despoblación de las zonas rurales y el envejecimiento de la población es una cuestión que afecta a un número importante de regiones europeas, convirtiéndose en uno de los grandes problemas de toda la Unión.

Las condiciones de vida en unas y otras regiones, unidas a las coyunturas económicas, han provocado que haya saturación en determinadas áreas urbanas, y de despoblamiento en zonas rurales o áreas periféricas. Una situación que, como ha señalado Clemente, se ha acentuado con la reciente crisis económica.

De hecho, en el 2060, según las proyecciones demográficas señaladas por la presidenta de las Cortes, habrá en Europa 2 personas en edad de trabajar frente a los 4 que hay en la actualidad.

La presidenta de las Cortes, Silvia Clemente, ha asegurado que ante este reto todas las instituciones europeas deben trabajar coordinadas y dar una respuesta unánime. Se trata, como ha señalado, de conseguir influir en las decisiones que se toman desde la Comisión Europea encaminadas a definir políticas con asignación de fondos europeos para combatir el envejecimiento y la despoblación. 

Reunión de la CALRE

La creación de este grupo de trabajo se ha acordado en la conferencia de presidentes de parlamentos regionales celebrada en Varese (Milán). Un encuentro en el que se ha escogido al presidente del parlamento andaluz, Juan Pablo Durán Sánchez como nuevo presidente de este organismo.

Además, los parlamentos regionales europeos han acordado pronunciarse a través de una Declaración en la que se tratan los asuntos de mayor interés en la actualidad para Europa, el Brexit, la inmigración y el terrorismo.  

Respecto el Brexit, la conferencia de presidentes de parlamentos regionales de Europa ha puesto de manifiesto que el resultado del referéndum demuestra un distanciamiento entre los ciudadanos británicos y  las instituciones europeas. La CALRE apuesta por la necesidad de que los ciudadanos conozcan el trabajo de las instituciones europeas y combatir así la desafección de los ciudadanos con Europa.

En cuanto a la inmigración, la CALRE reconoce la importancia de los territorios como actores clave y directos para la recepción de los inmigrantes y refugiados, a través de la prestación de servicios y alojamiento y de la gestión de la seguridad. La CALRE plantea la necesidad de fomentar una mayor cooperación entre las autoridades regionales y locales para lograr una mejor gestión de los flujos migratorios permitiendo así un mejor cumplimiento de la legislación europea y de los tratados internacionales.

En relación al desafío del terrorismo, la CALRE espera que las instituciones europeas y la comunidad internacional emprendan unánimemente acciones que permitan combatir esta lacra y que promuevan iniciativas para garantizar que ningún tipo de activo económico sirva para financiar los grupos terroristas.